La propuesta fue elaborada por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), cuyo presidente ejecutivo, Osmar Benítez, explicó que esa iniciativa describe los desafíos del sector en el contexto de la competitividad.
“En el año 2011 teníamos una cartera del Banco Agrícola que no alcanzaba los 9,000 millones de pesos, y lo más que podía llegar en algún momento era a 10,000 u 11,000 millones. Con la banca privada llegábamos a 17,000 millones, pero la demanda del sector era de 23,000 millones.
“Nosotros les dijimos a los candidatos a la Presidencia de entonces que, para atender la demanda real, se debía llevar los préstamos a mil millones de dólares, es decir, a 40,000 millones de pesos, y se llevó a esa cifra y ya lo superamos”.
En ese contexto precisó que la tasa de interés estaba al 18% y se bajó a un 8%, y en este Gobierno se abrió una cartera de 5,000 millones de pesos a tasa cero, “lo cual es una buena medida”, dijo Benítez.
“Cuando uno ve la cartera total del sector agropecuario, estamos por encima de los 54,000 millones de pesos, pero necesitamos fondos especiales para atender temas especiales”, expresó.
En ese sentido, la propuesta incluye una serie de medidas que permitirían bajar la percepción de riesgo que tiene la banca sobre el sector: la creación de un fondo de cobertura de riesgo crediticio, un fondo para el desarrollo agroempresarial, modificación de normas bancarias sobre la propiedad, y la aplicación de la Ley 157-09 sobre Seguro Agrícola.
La falta de títulos de propiedad es el principal obstáculo que tienen los agricultores para acceder a préstamos en la banca formal, por lo que la JAD propone ampliar más los programas de titulación que lleva a cabo el Gobierno, y que se iniciaron en administraciones anteriores.
“La estrategia procura fortalecer el registro de la propiedad inmobiliaria, que facilite un programa nacional de titulación de tierras, bajo el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia, el apoyo financiero del Gobierno y de los organismos bilaterales y multilaterales de crédito”, se establece en la propuesta.
Benítez planteó que para competir hay que impulsar la investigación, la formación del capital humano y la transferencia tecnológica, razón por la cual la innovación es uno de los ejes de la referida propuesta.
Para alcanzar esa meta se deben reforzar los programas académicos de las facultades de agricultura, y los entrenamientos para el uso de maquinarias.
Sobre la inocuidad expresó que es un aspecto de vital importancia, porque las trabas que impone el comercio internacional no son solo los aranceles, sino también las sanitarias.
En ese sentido, en el decálogo de la JAD se explica que “es necesario establecer medidas de control en el comercio local e internacional para la sanidad pecuaria y vegetal, en concordancia con la normativa local e internacional”.
Benítez explicó que el sector agropecuario requiere de mejor cobertura en el sistema eléctrico, la ampliación de canales de riego y construcción de presas, mejorar vías de comunicación como puentes y caminos vecinales, y la instalación de centros de acopio, así como frigoríficos en puertos y aeropuertos.
Sobre las exportaciones dijo que se deben fomentar porque “el país tiene que llegar a exportar 5,000 millones de dólares de alimentos, ya llegamos a los 3,000 millones”.
La preservación de los recursos naturales es vital para el fortalecimiento del sector agropecuario, afirmó Benítez al señalar que los agricultores deben tomar conciencia del impacto que tiene la siembra de cultivos de ciclo corto en las laderas de las montañas.
“Ahí la autoridad es fundamental. Pero si la autoridad no asume el rol nosotros tenemos que crear conciencia de proteger el recurso suelo, el recurso agua, los bosques”.
La octava propuesta de la JAD plantea una reforma institucional del sector, para lo cual se hace necesario una reingeniería de todas las agencias para evitar duplicidades, y para hacer más eficientes los servicios que demandan los productores.
En ese contexto Benítez considera que se deberían fusionar el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola.
La asociación es otro elemento importante para los agroproductores, por lo que se impulse más ese modelo de integración, el cual debe contar con la asistencia del Gobierno.
La JAD considera vital el diseño de una nueva política fiscal y tributaria para el sector agropecuario.
En ese sentido proponen que se elimine el pago de anticipos por el Impuesto sobre la Renta (ISR) para los productores agropecuarios, la implementación del Procedimiento Simplificado de Tributación para el pago del ISR.
Además, ampliar la exención de impuestos arancelarios para la importación de maquinarias, revisar y reducir el impuesto selectivo al gasoil, y crear la categoría de Usuario Agropecuario no Regulado en el sector eléctrico.
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