“La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”, cita el documento constitucional.
El abogado constitucional, Nassef Perdomo, explicó que hay dos tipos de leyes de presupuesto, una es la ley orgánica de presupuesto, la que establece el procedimiento para la creación o elaboración del presupuesto, y está la ley de presupuesto general del Estado, la cual se aprueba anualmente.
La ley de Educación es una ley orgánica porque el artículo 112 de la Constitución dice que las leyes que afectan derechos fundamentales, que afectan la estructura del Estado y sus instituciones son leyes orgánicas.
Aclaró que, aunque “esa ley se aprobó con anterioridad a la Constitución de 2010, en realidad, el artículo 112 no dice las leyes que se aprobaron antes o después… por lo tanto las leyes que tienen ese contenido, como la ley de Educación, se convirtieron en orgánicas al momento de aprobarse la Constitución”.
Enfatizó: “Una ley orgánica no puede ser modificada por una ordinaria, y la ley de Presupuesto General del Estado es una ley ordinaria. No hay manera jurídica que permita esa operación”.
Con esta modificación, el Poder Ejecutivo propone disminuir las apropiaciones de gastos de varios ministerios para hacer traspasos a 15 instituciones del Estado, entre estas los ministerios de Turismo, de Deportes y de la Juventud.
El monto total a ser traspasado es de 14,871.7 millones de pesos, de acuerdo a lo propuesto en el artículo seis del proyecto que modifica la ley 345-21 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2022, que contempla nuevos requerimientos de gastos para subsidios sociales.
Julia Muñiz Suberví, abogada especialista en derecho de familia enfocado a la educación, dijo: “No es posible establecer un excedente económico cuando aún no hemos visto indicadores de mejora en la calidad educativa, lo que demanda una mayor inversión en la formación continua y de calidad en los docentes”.
Agregó que lo que existe es “una necesidad de reubicar las partidas a aquellos aspectos en los cuales estamos débiles como nación”, tales como mejorar las aulas y adecuarlas a las nuevas tendencias educativas, mejorar los servicios alimenticios de los estudiantes, invertir en la formación continua y de calidad en los docentes, reintegrar a los estudiantes que han desertado.
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