En abril de 2022, el presidente Biden anunció que su gobierno se enfocaría en Haití, como un país prioritario para avanzar en estos objetivos.
La selección de ese país se basó en su relevancia estratégica y proximidad a los Estados Unidos.
Previo a delinear su plan, el Departamento de Estado indicó que esa nación está comprometida a ayudar a Haití a convertirse en “un país más seguro, más estable y democrático, que refleje los profundos lazos de persona a persona entre nuestros países”.
El plan busca orientar y alinear los esfuerzos de EE. UU. a lo largo del tiempo hacia una meta a largo plazo: que los ciudadanos y el gobierno de Haití promuevan una visión compartida y un entorno permisivo para la estabilidad a largo plazo.
Este objetivo prevé que las instituciones gubernamentales se vuelvan más capaces y receptivas a las necesidades básicas de los haitianos y que los haitianos desarrollen una confianza lo suficientemente mayor en las instituciones públicas para participar en los procesos cívicos y políticos de Haití.
Según este plan, Estados Unidos organizará el compromiso y la asistencia diplomática, para avanzar en la gobernanza y la seguridad receptivas y responsables y apoyar a una ciudadanía comprometida y próspera.
Enfoque por etapas
El proyecto estadounidense prevé un enfoque por etapas, priorizando los esfuerzos del sector de seguridad y justicia desde el principio a la luz del contexto actual de Haití.
Durante esta primera fase, los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos involucrarán y aprovecharán a los socios entre la sociedad civil haitiana y la Policía, para informar e implementar programas para fortalecer la seguridad ciudadana y el estado de derecho.
Esto estará en marcha mientras se garantizan la protección y promoción de los derechos humanos y responsabilidad.
Los esfuerzos iniciales se centrarán en vecindarios clave con alto índice de criminalidad y violencia y en centros económicos y de transporte clave.
Lecciones del pasado
Este plan contiene un detalle autocrítico, cuando anota que este “responderá e incorporará las lecciones aprendidas de décadas de intervenciones en Haití y en otros lugares”.
Tras la focalización de las necesidades de seguridad y justicia en la Fase I, la Fase II abordará las causas de la inestabilidad, basándose en la reforma del sector judicial y abordando la participación cívica y las oportunidades económicas.
La Fase III ayudará a expandir los sistemas de propiedad haitiana para tener un impacto sostenible y un cambio institucional fundamental.
Estas fases permitirán que el gobierno de Estados Unidos se adapte a las circunstancias cambiantes sobre el terreno, incluida la capitalización de los objetivos de oportunidad.
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