El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), atribuye a los exfuncionarios detenidos en el marco de la Operación Calamar, el haber sobornado y extorsionado a empresarios con la finalidad de lograr financiamiento para las campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En la operación, desplegada entre la noche del sábado y el día del domingo pasado, fueron detenidas unas 19 personas, entre ellas, los exministros Donald Guerrero, (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), así como varios exfuncionarios más. También se realizaron 40 allanamientos.
Según el relato que hace la Pepca para justificar los allanamientos, los señalados más arriba formaron una estructura de corrupción que recabó millones de pesos en efectivo y los movilizó en vehículos oficiales y blindados y cuya finalidad era financiar, primero la precandidatura de Gonzalo Castillo, a lo interno del PLD, así como su candidatura a la Presidencia en 2020.
Así lo plantea en la solicitud de allanamiento que hizo el pasado 17 de febrero ante la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que fue autorizada en fecha 8 de marzo, por la jueza Kenya Romero.
Para sustentar el pedido, la Pepca, bajo la firma de su titular, Wilson Camacho, describe que en el año 2019, antes de las elecciones primarias del PLD, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, con varios miembros de alto nivel de su equipo. Cita en específico a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo y Francisco Pagán, entre otros funcionarios. A ellos, el exmandatario les habría instruido a buscar dinero para las campañas políticas del 2019.
Señala que, posterior a esa reunión, Peralta le solicita al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, que convoque al ingeniero Bolívar Ventura, a quien, en ese momento, el Estado le debía dinero, a su oficina del Palacio Nacional.
Continúa diciendo que, Pagán, el primer exfuncionario del PLD condenado en el caso de corrupción conocido como Antipulpo, gracias a un acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, llevó a Ventura hasta el Palacio Nacional, donde, supuestamente, Peralta le indicó que debía hacer aportes para la campaña a cambio de pagarle las deudas. Esos pagos, los coordinaría el ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
“Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionan para distraer del Estado RD$527,694,838.00. Para lograrlo, consiguen que el investigado Víctor Encarnación, director técnico de la Oisoe, realice volumetrías falsas de obras, incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano”, dice Pepca.
Agrega que tienen evidencias de que esas operaciones se realizaron en 2019, pero que la mayoría de las documentaciones se fechaban como de 2018, para poder justificar el pago como deuda pública, pues, bajo esa modalidad, no se podía admitir pagos en el mismo año de la deuda.
Indica que Guerrero y Peralta le solicitaron decenas de millones al contratista del Estado Bolívar Ventura, quien, le habría explicado la imposibilidad de mover esas cantidades en efectivo. Así se dispone contactar con el administrador del Banco de Reservas Simón Lizardo, quien, a su vez, delega la asistencia en el Contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero. Ese sería el inicio de lo que la Pepca define como “la operación de lavado más grande cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano”.
Sostiene que “la estructura criminal de corrupción utilizaba recurrentemente la sucursal bancaria que obedecía a los intereses particulares de la organización delictiva, siendo el Centro de Acopio del Banco de Reservas, ID 45232, ubicado en la Av. Jiménez Moya, donde... se apersonaba el chofer de Mimilo Jiménez, el señor Juan Alexander Tapia Holguín, para retirar los fondos”.
La solicitud de allanamiento indica que “el acusado Andrés Guerrero procedió a enviar un camión blindado del Banco de Reservas, desde la sucursal bancaria antes indicada hasta el parqueo de la oficina de Mimilo Jiménez, ubicada en la Av. Max Henríquez Ureña, esquina Winston Churchill, torre In Tempo, usualmente, alrededor de la 6:00 P.M., con el dinero disponible a raíz de las transferencias bancarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, llevadas a la oficina comercial del investigado Gonzalo Castillo, ubicada en el Edificio Gampsa IV, piso 7, en la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasci, D.N., Santo Domingo, Distrito Nacional, o en un lugar denominado La Casita, ubicada en la calle Ceiba no. 102, esquina helios, en el sector de Bella Vista...”.
Según la Pepca, la estructura de corrupción utilizó al Banco de Reservas como una especie de caja chica, desde donde se sacaba efectivo que luego era entregado a Gonzalo Castillo.
Además de las falsas cubicaciones, la estructura que describe la Pepca también usó deudas administrativas como forma de lucro tanto personal como para financiar campañas, a través de expedientes de expropiación de terrenos.
Se trataba, detalla, de expedientes de expropiaciones en Bienes Nacionales, Consejo Estatal de la Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, los que sumaban un monto de RD$31,147,053,422.15.
El Ministerio Pública asegura que Gonzalo Castillo recibió 3,957 millones de pesos para financiar su campaña y que, en la mayoría de los casos, los recibió de manera personal, de manos de Jiménez.
“Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), quien los recibía en efectivo en bolsas y maletas de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para... invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”.
Señala que “la indicada partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones destinada al financiamiento ilícito de campañas del investigado Gonzalo Castillo y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, a través de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conocía con el codinome ‘’Parte Oficial’’ y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda”.
Además de las falsas cubicaciones, la estructura que describe la Pepca también usó deudas administrativas como forma de lucro tanto personal como para financiar campañas, a través de expedientes de expropiación de terrenos.
Se trataba, detalla, de expedientes de expropiaciones en Bienes Nacionales, Consejo Estatal de la Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, los que sumaban un monto de RD$31,147,053,422.15.
El Ministerio Pública asegura que Gonzalo Castillo recibió 3,957 millones de pesos para financiar su campaña y que, en la mayoría de los casos, los recibió de manera personal, de manos de Jiménez.
“Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), quien los recibía en efectivo en bolsas y maletas de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para... invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”.
Señala que “la indicada partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones destinada al financiamiento ilícito de campañas del investigado Gonzalo Castillo y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, a través de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conocía con el codinome ‘’Parte Oficial’’ y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda”.
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