La situación es tan grave que varias embajadas y sus consulados, así como todos los bancos, numerosos comercios y estaciones de combustibles, han paralizado sus actividades.
Los saqueos, bloqueos de calles y carreteras, enfrentamientos a tiros y otros episodios de violencia en medio de la escasez de productos y parálisis de los servicios, han sumido a ese país en un caos generalizado.
La República Dominicana tuvo que cerrar su embajada y consulados y retornar al país al personal de esas misiones, al tiempo de enviar fuerzas especiales a custodiarlas.
El presidente Luis Abinader, hablando ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos ayer en la tarde, hizo por enésima vez un llamamiento a la comunidad internacional para acudir en auxilio de Haití.
Ha dicho que lo que allí prevalece es una guerra civil de baja intensidad que, con todo, amenaza nuestra seguridad nacional.
En tal virtud, el país tiene el legítimo derecho de disponer un despliegue masivo de tropas en la frontera, restringir la migración ilegal y organizar una evacuación masiva de los dominicanos que viven en Haití.
Pero esas medidas por sí mismas no serían suficientes si, producto de una continuación de las pobladas, se produjera una inmanejable avalancha de haitianos buscando refugio aquí.
No queda más alternativa al gobierno que ordenar planes de contingencia para evitar, como dijo el presidente en la OEA, que las pobladas haitianas se extiendan a nuestro país.
En vista de que por el momento no hay allí un sector capaz de catalizar una solución de paz y restitución del orden institucional, lo que francamente se impone es una intervención de fuerzas de paz de la OEA o las Naciones Unidas.
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