A mediados de la semana pasada, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso, excepto con lo que el Ministerio Público llegó a un acuerdo.
El procurador adjunto Wilson Camacho pidió enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
“Pedimos al tribunal acoger de manera total la acusación del Ministerio Público y enviar a juicio a todos los acusados excepto a los que el ministerio público llegó a un acuerdo con ellos”, dijo Camacho al concluir la contrarréplica de la defensa.
Igualmente, pidió rechazar todos y cada uno de los incidentes planteados por la defensa de los encartados por los mismos, no ser conforme a la realidad de la acusación y en consecuencia carecer estos incidentes de fundamentos y estar apartado del derecho.
Durante la audiencia, varios de los encartados aprovecharon su turno ante el tribunal para defenderse contra las acusaciones del Ministerio Público y además eximir de culpabilidad a Alexis Medina, quien es señalado como el cabecilla de la supuesta red de entramado de corrupción.
El caso Antipulpo tiene como imputados a varias personas, entre los que se encuentran Alexis Medina; la ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina; el expresidente de esa institución, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Hidalgo Núñez (Freddy); José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda.
También, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y el ex fiscalizador de esa institución, Aquiles Christopher.
Además, Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general, Rafael Antonio Germosén Andújar; Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
Al tiempo que el expediente involucra a 21 compañías contra las cuales también se solicitó apertura a juicio, entre las que están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.
Las acusaciones que levantó el Ministerio Público en contra de los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres y testaferrato.
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