La decisi贸n del legislador est谩 motivada en la confusi贸n que ha generado ese tema, que ha recibido el rechazo de diversos sectores.
“Soy un defensor de la Constituci贸n y del respeto a nuestra soberan铆a. El Estado dominicano, por mandato de la Constituci贸n y la ley tiene derecho a deportar a cualquier extranjero que se encuentre en territorio Nacional en condici贸n irregular, sin importar su nacionalidad”, precis贸 el senador Bautista.
Expuso que el derecho a acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva corresponde a toda persona, sin distinci贸n de su condici贸n migratoria.
Pero acot贸 que esa garant铆a constitucional no debe entenderse como una herramienta para promover una ilegalidad.
Puntualiz贸 que el proyecto de su autor铆a establece que la Direcci贸n General de Migraci贸n no deportar谩 a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de atenci贸n frente a actos de violencia en su contra por su condici贸n de g茅nero, mientras dure el proceso.
“La Direcci贸n General de Migraci贸n no deportar谩 a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de la atenci贸n integral frente a actos de violencia en su contra por su condici贸n de g茅nero, mientras dura el proceso”, establece el art铆culo 36 de la propuesta legislativa del senador por San Juan.
El legislador argument贸 que eso es en virtud del art铆culo 69 de la Constituci贸n, sobre la tutela judicial efectiva, que se refiera a que toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva.
“No se establece en la Constituci贸n una distinci贸n entre legales e ilegales”, enfatiz贸.
Bautista record贸 su propuesta legislativa fue presentada en el 2014 y sostuvo que es diferente a la del Ejecutivo.
La pieza de Bautista fue reintroducida el 19 de enero de 2023.
Empero, el Poder Ejecutivo tambi茅n apoder贸 al Senado de otro proyecto de ley que contiene similares garant铆as para las v铆ctimas de violencia de g茅nero en situaci贸n de ilegalidad y proh铆be su deportaci贸n, al igual que de sus parientes.
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla, en su art铆culo 77, las garant铆as procesales para las v铆ctimas de violencia de g茅nero.
Dispone en la letra D del art铆culo 77, “que las mujeres extranjeras y migrantes y sus familiares a cargo no sean deportadas (os) como consecuencia de la realizaci贸n de la denuncia, aunque se encuentren en situaci贸n migratoria irregular”.
Como se observa, esta propuesta no solo proh铆be la deportaci贸n de las v铆ctimas, sino tambi茅n de familiares.
Tambi茅n contiene responsabilidades para los medios de comunicaci贸n, que de acuerdo con el art铆culo 55, tendr谩n la obligaci贸n de proteger la integridad e intimidad de las v铆ctimas de violencia contra las mujeres, adolescentes y ni帽as y sus familiares a la hora de divulgar cualquier tipo de informaci贸n.
Adem谩s, asigna a los medios de comunicaci贸n la responsabilidad de proteger los datos personales e informaciones privadas de las v铆ctimas de violencia y sus familiares, que pudieran colocarla en situaci贸n de riesgo, y prevenir “la violencia simb贸lica”.
Retiro del proyecto
Recientemente, el Poder Ejecutivo retir贸 del Congreso Nacional el proyecto sobre trata y tr谩fico Il铆cito de migrantes que hab铆a sometido, a fin de lograr el consenso p煤blico necesario, luego de que fuera cuestionado.
En ese proyecto se contempl贸 gestionar la permanencia regular de las v铆ctimas de trata y explotaci贸n sexual en el pa铆s “debiendo realizar los tr谩mites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este 煤ltimo aplique”.
En la pieza, tambi茅n se obligaba a que toda persona jur铆dica o entidad pagar谩 una contribuci贸n especial “obligatoria” en base a sus ingresos, para la atenci贸n, asistencia y protecci贸n a las v铆ctimas.
El rechazo colectivo oblig贸 al Poder Ejecutivo a retirar la pieza del Congreso Nacional.
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