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jueves, 30 de marzo de 2023

Miriam Germán: hay que “cuidar las formas” al exigir el debido proceso en caso Calamar

 

La procuradora general, Miriam Germán Brito, afirmó ayer que es “legítimo” el derecho de la ciudadanía de mantenerse vigilante para que se cumpla el debido proceso en la justicia y “para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial”, en los casos de corrupción, pero aclaró que se deben “cuidar las formas” al ejercer ese derecho.  

“Es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial. Sin embargo, debemos cuidar las formas de ejercer este derecho”, expresó al leer un documento a periodistas que cubrían ayer el seminario internacional “Follow the Money: Nuevas Modalidades de Lucha Contra el Narcotráfico y el Blanqueo de Dinero”, que se celebra hasta hoy en el hotel Catalonia, del Distrito Nacional.

Recordó que el desorden podría generar perturbación al orden público y al libre tránsito y obliga a las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar el orden a “actuar con mesura” a fin de dar “uso racional de los medios coercitivos de que disponen, sin excesos ni abusos”.

La máxima representante del Ministerio Público (MP) mencionó el derecho ciudadano, de protestar y hacer presión por el debido proceso, sin citar a quiénes se refería, al leer textualmente una página a la prensa sobre estas prerrogativas ciudadanas, y que distribuyó con el título “Sobre el caso Calamar”.

Se negó a responder preguntas o emitir cualquier comentario fuera del texto que leyó en la rueda de prensa que convocó durante el desarrollo de la actividad, organizada por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), junto al Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea sobre Drogas (Copolad III), financiado por la Unión Europea.

Germán Brito calificó también como “un despropósito querer enlodar” el trabajo del Ministerio Público, acusándolo de llevar a cabo una venganza política, por los casos de corrupción que ha sometido del recién pasado gobierno del actual opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aseguró que los expedientes se han hecho en la medida “que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”.

Respondió así a las críticas que ha recibido ese organismo de investigación, cuestionamientos encabezados por el expresidente Danilo Medina, luego del sometimiento de importantes funcionarios de su gobierno en el caso Calamar

Desde la pasada semana, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han realizado protestas, incluso en el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en cuyo incidente varias personas resultaron con heridas leves y el edificio terminó con uno de los vidrios de la puerta roto, así como una ventana. Ese lunes, la Oficina de Atención Permanente tenía pautado conocer la solicitud de medida de coerción a veinte acusados de desfalcar al Estado con más de 19,000 millones de pesos, entre ellos a los exministros de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Hacienda, Donald Guerrero, así como el excandidato presidencial Gonzalo Castillo.

Asimismo, dirigentes peledeístas acusan a la Policía de dispersarlos con bombas lacrimógenas de la casa nacional de ese partido el pasado domingo, cuando se aplazó por segunda ocasión la medida de coerción.

El coordinador nacional de campaña de Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, manifestó ayer que Miriam Germán “no puede sentirse agraviada” tras su declaración, en la que dijo que el enlace del Poder Ejecutivo con la Procuraduría General de la República era el Consultor Jurídico del Gobierno, ya que este “no salía” de la Procuraduría. “En ningún momento he hecho alusión ni me he referido a la persona de la actual procuradora general de la República, una persona que cuenta con todo nuestro aprecio y toda nuestra admiración”, dijo García. 

Este miércoles, está pautado que se le conozca medidas de coerción a los imputados en el proceso que da inicio al mayor caso de corrupción que se lleva a cabo en la actual gestión gubernamental. En ese sentido, la procuradora dijo confiar “en que el Poder Judicial sabrá cumplir en este caso con las funciones que le corresponde conforme a la Constitución y las leyes”.Los acusados en el caso Calamar llevan 11 días detenidos en "La Carcelita" del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Ministerio Público les atribuye haberse asociado para desfalcar al Estado con al menos 19,000 millones de pesos. 

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