Se trata de la ley del Ministerio de Justicia, tras considerar que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, distinguiéndola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, las cuales son propias del Poder Ejecutivo.
“Como es de conocimiento público, a partir de la Ley 485 del año 64 fueron transferidas a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia, esto ha significado una gran carga institucional que ha afectado la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor”, indicó la magistrada durante su rendición de cuentas del año 2022.
Asimismo, agregó: “No es tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas y moldeado nuestro ejercicio, pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconoce la constitución y la ley orgánica”.
También habló sobre la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.
Al referirse a la persecución penal durante su gestión, Germán Brito indicó que la Procuraduría General de la República tiene el interés de motivar una ley para la protección de las víctimas.
“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa, en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”.
En este contexto, apuntó que, durante su administración, se “ha dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos”.
“Se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos”, detalló.
Luego de referirse a esta iniciativa, la funcionaria señaló que, con el fin de mejorar el servicio en las unidades de violencia de género, están siendo remozadas 23 unidades a nivel nacional, “algunas ya remozadas como es el caso de la Unidad de la Rómulo, en el Distrito Nacional, y la conocida popularmente como La Puerto Rico, en la provincia Santo Domingo”.
También se refirió a los casos recientes de violencia policial. “En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho, por lo que debe caer todo el peso de la ley sobre quien, haciendo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, atente contra la dignidad y la vida de las personas”.
Agregó que, pese a las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar procesos judiciales, además de que la justicia “tiene sus reglas y sus tiempos”.
“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, destacó la magistrada.
Germán Brito indicó que la meta que se propusieron de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que, al mismo tiempo, garantice el debido proceso, “va siendo alcanzada”.
De su lado, destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.
Sobre la lucha contra la corrupción administrativa, la titular del Ministerio Público sostuvo que continúa siendo vital, y que tienen investigaciones fuertes.
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