Nuevas querellas en contra de los detenidos en Operación Calamar

Precedida por una protesta que agentes policiales contuvieron a bombazos, la audiencia de medida de coerción, que se conocería ayer a los detenidos durante la Operación Calamar, fue reenviada para el próximo miércoles, debido a nuevas querellas que se han presentado en contra de algunos de los imputados y deben ser notificadas a las partes.

Por lo menos cinco querellas habían sido depositadas hasta ayer ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, de parte de personas que dicen sentirse estafadas por la estructura que, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se formó en torno al Ministerio de Hacienda, durante la gestión del Donald Guerrero, para distraer fondos públicos por un monto superior a los 19,000 millones de pesos.

Además de Guerrero, entre los 20 detenidos a los que se les conocerá medida de coerción están los también exfuncionarios peledeístas José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). A ellos se les imputa, entre otras cosas, de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, sobornos, asociación de malhechores y lavado de activos.

“Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho”, declaró el titular la Pepca, Wilson Camacho, a su salida de la sala de audiencia.

Los querellantes van tanto en contra de las personas ya imputadas como por otras, que no fueron precisadas, y están vinculadas a las expropiaciones de terrenos.

Uno de los que presentaron recursos son los sucesores de la familia Gatón que, de acuerdo con su abogado, se querellan contra Donald Guerrero y otros (no precisados), alegando que desde Hacienda se hicieron libramientos de pagos por 1,527 millones de pesos por el pago de unos terrenos que habían sido expropiados por el Estado, pero que ellos apenas recibieron unos 300 millones.