Seg煤n Palacio, este plan de ataque tambi茅n incluye a "Miriam Germ谩n Brito, fiscal general de la Rep煤blica, y Yeni Berenice Reynoso, fiscal adjunta". ".
Uno de los principales imputados en la Operaci贸n Calamar es el exministro Donald Guerrero, quien actualmente cumple una condena de 18 meses en el Centro de Correcci贸n y Rehabilitaci贸n (CCR) Najayo Hombres de San Crist贸bal por prisi贸n preventiva. Esta sentencia le fue impuesta por la Oficina de Servicios de Atenci贸n Permanente Judicial del Distrito Nacional en abril debido a sus presuntas conexiones con una red de corrupci贸n administrativa.
Homero Figueroa, vocero del Presidente de la Rep煤blica, afirma en una carta que “el Gobierno dominicano ten铆a conocimiento previo de los detalles de este contrato internacional y, adem谩s, de la existencia de una campa帽a de ataques realizada desde diferentes plataformas de informaci贸n a nivel local, con el mismo objetivo de desprestigiar al Presidente de la Rep煤blica y al Ministerio P煤blico”.
Guerrero habr铆a hecho una sola inversi贸n de unos 55.000 d贸lares en la multinacional del cabildero, afirma el gobierno dominicano.
En el documento se expresa que el gobierno “rechaza enf谩ticamente estas acciones encaminadas a socavar la credibilidad e integridad de las instituciones democr谩ticas de nuestro pa铆s”.
La contrataci贸n tambi茅n es vista como un esfuerzo por "manipular la opini贸n p煤blica y desestabilizar el orden institucional (que) debe ser tratado con seriedad y transparencia", seg煤n el comunicado. ".
Ayer, se inform贸 que el principal acusado en la investigaci贸n de la Operaci贸n Calamar del Ministerio P煤blico hab铆a contratado a una empresa estadounidense llamada Liberty International Group LLC, propiedad de la excongresista republicana Connie Mack.
De las 20 personas que figuran en el expediente de la Operaci贸n Calamar que present贸 el Ministerio P煤blico, los imputados 脕ngel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fern谩ndez, Emir Fern谩ndez de Paola, 脫scar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodr铆guez, Agust铆n Meja Vila y V铆ctor Matas Encarnaci贸n admitieron ser parte de la supuesta red de corrupci贸n.
Seg煤n el Ministerio P煤blico, el expediente de la Operaci贸n Calamar contiene m谩s de 3.000 folios y 1.200 pruebas, y describe c贸mo integrantes de esta red sustrajeron al Estado m谩s de 17.000 millones de pesos adem谩s de unos 2.100 millones en deuda administrativa, para un total de m谩s de 19.000 millones.
El objetivo ser铆a llevar las denuncias "del trato" contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, un pa铆s estadounidense territorio, a Washington.
Las empresas Axis Holdings, con sede en Puerto Rico, en representaci贸n de Guerrero, y Liberty International Group LLC firmaron el acuerdo para actuar a su favor.
Mack program贸 una reuni贸n con Isiah Parnell, el actual encargado de negocios de la embajada estadounidense, el 13 de junio de este a帽o como parte de sus esfuerzos de cabildeo para discutir "el arresto y la detenci贸n ilegal" de Donald Guerrero.
Tambi茅n se env铆an copias de la carta a Parnell a Todd Robinson, subsecretario de Asuntos Internacionales de Narc贸ticos y Cumplimiento de la Ley, Katherine M.R y Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Beaber, jefe de la oficina de asuntos del Caribe. Un agradecimiento especial a Alexander Titolo, jefe de misi贸n interino de la embajada estadounidense, y Marcela Escobari, administradora de USAID para Am茅rica Latina y el Caribe.
Recordemos que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Rep煤blica Dominicana es un diplom谩tico de carrera que inici贸 en mayo de este a帽o.
La cabildera Connie Mack afirma en la carta que Donald Guerrero est谩 detenido para una investigaci贸n "donde no se han presentado pruebas de corrupci贸n".
Connie Mack afirma en la carta que le envi贸 a Parnell que en el caso de Donald Guerrero, “el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupci贸n, ha convertido al Ministerio P煤blico en un arma para castigar a los opositores pol铆ticos y premiar a los aliados”.
La mayor铆a de los l铆deres de los partidos de oposici贸n, afirma, "est谩n actualmente encarcelados o en peligro inminente de hacerlo". Adicionalmente, es sospechoso que “el plazo de 18 meses de prisi贸n preventiva expire poco despu茅s de las elecciones del pr贸ximo a帽o (2024), excluyendo a sus opositores de cualquier actividad pol铆tica hasta entonces”.
El cabildero responsabiliza espec铆ficamente a la fiscal adjunta del Ministerio P煤blico, Yeni Berenice. El pol铆tico empe帽ado en influir en los dem谩s declara: “Es evidente que no solo ha abusado de su cargo, sino que ha convertido a la Fiscal铆a Especial para la Persecuci贸n de la Corrupci贸n Administrativa (Pepca) en un arma pol铆tica”.
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