Según una fuente de la Corte Suprema de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República aún no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones contra los legisladores. Por lo tanto, un juez de instrucción especial está "esperando" solicitudes para avanzar contra los congresistas.
Nelson Marmolejos de Santiago, Faustina Guerrero de El Seibo y Sergio Moya del Distrito Nacional son tres de los diputados que están siendo monitoreados por el Ministerio Público pero que aún no han sido imputados por delito. Los tres son miembros del PRM. Héctor Feliz, legislador de Pedernales y miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), está siendo investigado.
Napoléon Estévez Lavandier, juez especial de instrucción que aún no conoce los cargos contra los congresistas, fue seleccionado para las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. Debido a la competencia privilegiada que les beneficia y que adquirieron al ser electos como congresistas en 2020, los diputados requieren de un juez en esta categoría.
Los altos funcionarios están sujetos a una jurisdicción privilegiada, lo que resulta útil porque puede llevar rápidamente a juicio casos que de otro modo podrían afectar la capacidad de las personas a cargo de llevar a cabo sus deberes ordenados constitucionalmente.
Al respecto, el juez Estévez Lavandier es el encargado de revisar toda la información depositada por el Ministerio Público contra los cuatro diputados y determinar si existe información suficiente para condenarlos.
El Ministerio Público acusó al diputado Marmolejos, diputado por la provincia de Santiago, de presunta obtención de fondos ilegales para su campaña política en septiembre de 2021. Los fiscales afirman que el legislador recibió el dinero del líder de la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea, quien supuestamente depositó millones. fondos en dólares en 2020 para apoyar al candidato a diputado que se postulaba en ese momento.
La diputada del PRM, Faustina Guerrero, también conocida como Grey Maldonado, estuvo involucrada en la misma red conocida como Falcón, según la Fiscalía General de la República. La congresista está acusada de ser parte de una red de tráfico de drogas y lavado de dinero. Esta red supuestamente incluye a Juan Maldonado Castro, esposo de la congresista y ex director de Comunidad Digna.
El caso también involucra al diputado perredista Héctor Féliz, quien presuntamente ocultaba al exfuncionario Maldonado Castro cuando fue aprehendido por las autoridades mientras lo transportaba. La fiscalía intentó detener al legislador, pero debido a su inmunidad parlamentaria no pudo hacerlo. En cambio, confiscaron el vehículo que conducía.
Los legisladores afirman que pueden demostrar que no son parte de ningún tráfico de drogas o dinero redes de lavado de dinero, y han calificado las denuncias del Ministerio Público como "infundadas" porque, a dos años de las acusaciones, aún no se han presentado cargos formales ante un juez. Esto es cierto a pesar de que la Fiscalía General aún no ha abierto expedientes contra los diputados.
Los cuatro diputados ya han registrado sus candidaturas en sus respectivos partidos para presentarse a la reelección en 2024, con la seguridad de que no están sujetos a ninguna condena que les impida presentarse a las próximas elecciones.
La Cámara de Diputados ha reafirmado su disposición de brindar al Ministerio Público la documentación necesaria para realizar sus investigaciones en los casos relevantes desde que salieron a la luz los casos contra los legisladores.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, declaró durante la divulgación de todos los casos que el órgano del Congreso no obstaculizará las investigaciones de las autoridades sobre ninguna de las operaciones mencionadas por la Procuraduría General de la República.
Al conocerse el caso Falcón, Pacheco afirmó que "los funcionarios públicos son susceptibles de ser investigados en algún momento de su gestión" y que "en ese sentido se están haciendo preparativos para que en este caso y en cualquier caso que se presente, el Se cumpla con el debido proceso legal y con el derecho constitucional”.
El grupo de legisladores que no fueron implicados pertenecía a Rosa Amalia Pilarte, diputada que ya había sido acusada de estar involucrada en una red de narcotráfico encabezada por su esposo Micky López, incluso antes de asumir el cargo en el Congreso.
La diputada sólo había sido objeto de acusaciones informales hasta hace unas semanas, pero desde entonces el Ministerio Público presentó una denuncia formal en su contra por presuntamente ser parte de una red internacional de distribución de drogas.
La Fiscalía General sostiene en su investigación que Pilarte no puede defender el millón de dólares en ganancias que supuestamente obtuvo de sus negocios turbios. El próximo 31 de agosto la Corte Suprema de Justicia realizará una audiencia preliminar para el diputado. A Pilarte el PRM le negó el permiso para declarar su candidatura.
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